Comisión Técnica (TEC)

Breve descripción y principales objetivos: 

La Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios (EPBD) es el principal instrumento legislativo de la UE para mejorar el rendimiento energético de los edificios en la Unión. Se revisó con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo final de energía en los edificios para 2030, y de establecer una visión a largo plazo para lograr un parque inmobiliario climáticamente neutro en la UE para 2050. Algunos de los objetivos específicos de la EPBD modificada son aumentar la tasa y la profundidad de las renovaciones de edificios energéticamente eficientes, mejorar la información sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios, garantizar que todos los edificios nuevos cumplan unas ambiciosas normas mínimas de eficiencia energética y garantizar que todos los edificios se ajusten al objetivo de neutralidad climática para 2050. La EPBD establece requisitos mínimos para los edificios no residenciales y residenciales con un enfoque de «los peores primero», con la intención de abordar primero las renovaciones de los edificios con peor rendimiento. También obliga a los Estados miembros a eliminar gradualmente las calderas de combustibles fósiles para 2040 y a definir una hoja de ruta para reducir progresivamente el potencial de calentamiento global del ciclo de vida.

La refundición de la EPBD se basa en la estrategia de la UE «Ola de renovación» y tiene por objeto duplicar la tasa de renovación anual. Forma parte del paquete «Fit-for-55» para reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE para 2030.

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

Los edificios representan alrededor del 40 % del consumo total de energía y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. En la actualidad, alrededor del 35 % de los edificios de la UE tienen más de 50 años y casi el 75% del parque inmobiliario es ineficiente desde el punto de vista energético. La tasa de renovación anual se estanca en torno al 0,4-1,2%. Por lo tanto, la renovación del parque inmobiliario existente tiene el potencial de generar un ahorro energético significativo. Las inversiones en eficiencia energética pueden impulsar el sector de la construcción, y las pymes, en particular, se beneficiarían de un mercado de renovación estimulado. Además, la modificación de la EPBD establece las condiciones para calcular las emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida y el potencial de calentamiento global durante el ciclo de vida de los edificios nuevos. Como parte de la ola de renovación de la UE, la Comisión Europea subrayó su compromiso de elaborar una hoja de ruta hasta 2050 para reducir las emisiones de los edificios.

El paquete «Fit for 55» tiene un gran potencial para el sector de la construcción, pero también tendrá un impacto de gran alcance en la cadena de suministro de la construcción, ya que la legislación propuesta afecta a todo el ciclo de vida de los edificios. En el sitio web y la intranet de la FIEC se puede consultar un resumen y un análisis del paquete «Fit for 55» y del Pacto Verde Europeo. La FIEC acogió con satisfacción el paquete «Fit for 55» y la refundición de la EPBD. Sin embargo, en el contexto de la intensificación de la crisis de la vivienda, la FIEC advirtió repetidamente sobre los elevados costes iniciales de la renovación, la falta de mano de obra cualificada y el impacto de la EPBD en los costes de construcción.

La FIEC supervisa la transposición en los Estados miembros y sigue participando en la comitología de la EPBD.

Breve descripción y principales objetivos: 

Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes y graves, se encuentran entre los retos más acuciantes de nuestro tiempo y constituyen una amenaza mundial. Los riesgos climáticos amenazan la seguridad energética y alimentaria, los ecosistemas, las infraestructuras, los recursos hídricos, la estabilidad financiera y la salud humana en toda la UE. Muchos de estos riesgos ya han alcanzado niveles críticos y podrían convertirse en catastróficos si no se toman medidas urgentes y decisivas.

En 2019, la Comisión Europea puso en marcha su estrategia de crecimiento sostenible, el Pacto Verde Europeo, con el objetivo de situar a Europa en la senda de la neutralidad climática para 2050 y transformarla en una economía circular. Sin embargo, durante el mandato anterior, quedó claro que dicha estrategia no se materializaría sin prestar atención a la competitividad de la columna vertebral industrial del continente, incluidas las pymes. Por lo tanto, a principios de 2025 se adoptó un Pacto Industrial Limpio, que orientará la elaboración de políticas de la UE durante el nuevo mandato. La propuesta legislativa prevista sobre una Ley de Aceleración Industrial (IAA) se anunció como parte de esta nueva estrategia de crecimiento. Abordará la descarbonización industrial y el acceso a la energía, con el objetivo de apoyar la creación de mercados líderes para el desarrollo de tecnologías y productos industriales europeos limpios y resilientes. Se prestará especial atención a la descarbonización de las industrias con alto consumo energético para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En la actualidad, la reducción de las emisiones es, con demasiada frecuencia, el resultado de una disminución de la producción, en lugar de un aumento de la eficiencia y de la descarbonización de los procesos de fabricación. Para superar esta situación, la IAA tiene por objeto abordar la falta de demanda de productos industriales limpios a los precios actuales, en comparación con sus alternativas convencionales.

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

De especial importancia para la industria de la construcción europea es el objetivo de la Comisión Europea de desarrollar etiquetas de productos «verdes» para los materiales industriales, acompañadas de planes de incentivos. Entre las herramientas de la Ley de Aceleración Industrial (IAA), se prevé desarrollar un marco para las etiquetas voluntarias sobre el contenido de intensidad de carbono de productos industriales como el acero y el cemento. Esas etiquetas «verdes» podrían vincularse a la contratación pública y privada como criterios obligatorios no relacionados con el precio.

Se estima que las emisiones del sector de la construcción representan entre el 5 % y el 12 % del total de las emisiones nacionales, y la gran mayoría de ellas están relacionadas principalmente con la extracción y la producción de materiales. Por lo tanto, es esencial reducir la huella de carbono de los productos de construcción. El entorno construido se considera uno de los sectores de aplicación, ya que absorbe grandes volúmenes de materiales con alta intensidad de carbono. Sin embargo, los contratistas ya están buscando alternativas bajas en carbono (por ejemplo, barras de refuerzo y alambrón producidos principalmente a través de la ruta secundaria del acero), que también ofrecen claras ventajas en términos de circularidad.

El objetivo general del sector de la construcción es adquirir materiales con la menor huella de carbono posible al precio más competitivo, siempre teniendo en cuenta las características técnicas importantes. Por lo tanto, la FIEC está preocupada por las iniciativas de etiquetado que puedan ser sesgadas o incoherentes y apoya ampliamente el uso de herramientas reglamentarias establecidas en el Reglamento de Productos de Construcción (CPR) y la norma EN15804. Cualquier futuro sistema de etiquetado deberá ser legalmente compatible con la legislación vigente.

Breve descripción y principales objetivos: 

A pesar de los esfuerzos de la UE y de la comunidad internacional, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas continúan, lo que supone una grave amenaza para las personas, la economía y el clima. Esto ha sido ampliamente documentado, por ejemplo, en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Existe una necesidad urgente de restaurar la naturaleza y la biodiversidad en toda la UE mediante el establecimiento de objetivos comunes y acciones coordinadas.

En 2019, la Comisión Europea puso en marcha su estrategia de crecimiento sostenible, el Pacto Verde Europeo, con los objetivos de restaurar la naturaleza, mejorar la biodiversidad y proteger los suelos europeos. Sobre la base de esta estrategia, se han adoptado propuestas legislativas para un Reglamento de Restauración de la Naturaleza (publicada en junio de 2022) y la Directiva de Vigilancia de los Suelos de la UE (publicada en julio de 2023), que también se basan en las estrategias de la UE en materia de biodiversidad y suelos, el Plan de Acción para la Contaminación Cero y la Estrategia Forestal.

El Reglamento de Restauración de la Naturaleza exige a los Estados miembros que apliquen medidas de restauración que cubran al menos el 2 % de la superficie terrestre y el 20 % de la superficie marina para 2030. Las medidas también deben dirigirse al menos al 30 % de todos los tipos de hábitats enumerados en el reglamento que no se encuentren en buenas condiciones para 2030, aumentando al 60% para 2040 y al 80% para 2050. Los Estados miembros deben elaborar planes nacionales de restauración para alcanzar estos objetivos.

La Directiva sobre vigilancia del suelo tiene por objeto lograr suelos sanos en toda la UE para 2050. Su objetivo es restaurar las funciones esenciales del suelo para apoyar la neutralidad climática y mejorar la resiliencia climática, garantizando que los suelos sigan prestando sus servicios ecológicos y económicos fundamentales.

Por qué se ocupa FIEC de este tema: 

La FIEC aboga por un enfoque pragmático, jurídicamente sólido y eficiente de la sostenibilidad medioambiental. La urgencia de este enfoque queda patente en la crisis de la vivienda: desde 2015, los precios de la vivienda han aumentado más de un 20 %, mientras que las licencias de obra han disminuido más de un 20 % en solo cinco años. Se ha identificado que los costes totales son un reto clave, incluidos los costes de construcción y los largos procedimientos de concesión de permisos. La racionalización de los procesos de concesión de permisos y el apoyo al uso de materiales secundarios son esenciales para reducir los costes y promover una construcción sostenible que satisfaga las necesidades más acuciantes.

En cuanto a los procedimientos de concesión de permisos, la FIEC destaca las redundancias en las evaluaciones medioambientales exigidas por la Directiva SEA (Evaluaciones Ambientales Estratégicas) y las Directivas EIA (Evaluaciones de Impacto Ambiental). Exigir evaluaciones tanto durante la preparación de los planes locales de desarrollo urbano como en la fase de proyecto aumenta la carga administrativa, los retrasos y los costes.

La FIEC apoya los objetivos de suelos sanos y reducción del consumo de suelo. Sin embargo, la aplicación debe permitir a los Estados miembros suficiente flexibilidad para aplicar las medidas de forma práctica y económicamente viable. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza prevé intervenciones en el uso del suelo y la planificación urbana, mientras que la Directiva de vigilancia del Suelo tiene por objeto mejorar la resiliencia del suelo, mejorar la gestión de los sitios contaminados e introducir principios para minimizar el consumo de suelo, en particular en lo que se refiere al sellado y la erosión del suelo. Una normativa más estricta sobre el uso del suelo y la restauración de la naturaleza corre el riesgo de hacer que los terrenos edificables sean más escasos y caros. Por ejemplo, el principio de no deterioro es extremadamente exigente, y la FIEC pide que se consideren y equilibren cuidadosamente los factores sociales, ecológicos y económicos locales.

Breve descripción y principales objetivos: 

A lo largo de los años, la UE ha adoptado varias leyes en el ámbito de la protección y la calidad del agua. El principal objetivo de la UE es garantizar que todos los europeos tengan acceso a agua de buena calidad y en cantidad suficiente, así como garantizar el buen estado de todas las masas de agua en toda Europa. La legislación de la UE tiene por objeto garantizar la gestión sostenible del agua a largo plazo, la reducción de la contaminación del agua y la protección de los ecosistemas acuáticos.

Desde el año 2000, la Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE ha sido la principal norma legislativa en materia de agua en Europa. Se ha complementado con otras normas legislativas de la UE, como la Directiva sobre aguas subterráneas, la Directiva sobre agua potable, la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y la Directiva sobre inundaciones. Si bien estas políticas se han centrado principalmente en la calidad del agua y los contaminantes, ahora se está prestando más atención a la gestión de la cantidad de agua, la escasez, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos. Estos retos carecen de una estrategia y una visión globales para abordarlos.

En 2023, el Comité Consultivo para las Transformaciones Industriales (CCMI), un órgano del Comité Económico y Social Europeo (CESE), publicó los planes para un Pacto Azul Europeo ( ) con el fin de convertir la crisis del agua en una prioridad política. Tras la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, se incluyó el desarrollo de una Estrategia de Resiliencia Hídrica entre las prioridades del nuevo mandato. Se ha nombrado a la sueca Jessika Roswall comisaria dedicada al Medio Ambiente, la Resiliencia Hídrica y una Economía Circular Competitiva.

Por qué se ocupa FIEC de este tema: 

Los contratistas se enfrentan a un número cada vez mayor de retos relacionados con el estrés hídrico, el exceso de agua y la calidad del agua. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías y las lluvias torrenciales, son cada vez más frecuentes, lo que plantea enormes retos para el entorno construido y provoca daños cuantiosos y elevados costes de seguros. Para hacer frente a estas situaciones se necesitan defensas contra las inundaciones y otros sistemas de gestión del agua. Por el contrario, un factor importante que contribuye a la escasez y la pérdida de agua son las fugas en las redes de abastecimiento: por término medio, el 23 % del agua tratada se pierde en los suministros públicos.

En las obras de construcción, el consumo de agua es relativamente bajo en comparación con otros sectores, ya que se utiliza principalmente para mezclar mortero y limpiar equipos. Para abordar mejor esta situación, la FIEC aboga por un enfoque sectorial, con hitos y hojas de ruta individuales. Además, los responsables políticos deben reconocer el papel crucial de los contratistas en la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, así como en su mantenimiento y reparación. Con un marco adecuado, todo el nexo del agua también puede suponer una enorme oportunidad de negocio para el sector. Sin embargo, el suministro de agua potable es un servicio público y, por lo tanto, las infraestructuras hidráulicas se proporcionan principalmente a organismos públicos. Para hacer frente a los retos identificados y utilizar los recursos de manera eficiente, se necesita una financiación mayor y más predecible que permita invertir en la reparación y el mantenimiento de las redes de agua, las redes de alcantarillado y las infraestructuras hidráulicas. Se debe prestar especial atención a la forma en que se aplican y hacen cumplir las leyes vigentes a nivel nacional.